¿Qué hacer si, de repente, el consultorio del médico de la familia al que se suele acudir casi semanalmente amanece “tomado” por una madre con varios hijos pequeños que se asentó allí durante la noche de apagón? ¿Se debe repudiar el acto allí mismo, obligarla a salir o esperar la reacción de las autoridades responsables del centro de Salud? ¿Quién determina e informa con la debida inmediatez las acciones a acometer?

El martes 11 de marzo de 2025 quedará registrado en la memoria de muchos en la barriada y más allá como algo insólito y lamentable. Sucedió lo que está escrito arriba. Hubo señales de que podría pasar y hasta un aviso, pero no fueron debidamente atendidos.

Entre los primeros afectados por el incidente de la medianoche anterior figuró el bebé Luis Gael Vázquez Perdigón, de tan solo cinco meses, quien debió recibir su consulta de Pediatría en plena acera.

“Llegué temprano para la consulta y al acercarme vi que estaba todo el mundo afuera. El consultorio permanecía cerrado y dentro había una mamá con sus niños, que se negaba a abrir. Días antes mi bebé había estado ingresado y el especialista debía verlo. Luego de cierto tiempo de espera, el doctor Castillo decidió examinarlo allí afuera, sin las condiciones de siempre, ya que no había otra opción”, relata Denise Perdigón, la joven madre.

El primer impacto del suceso le correspondió a la licenciada en Enfermería Marvila Palmero Estrada, quien atiende el CMF No. 32, al que pertenece el infante, y que junto al CMF No. 31 ha prestado servicios durante la última década en el local de lo que fuera la vivienda marcada con el número 208 en la calle Manolo Solano, de Sancti Spíritus.

“Al salir el lunes cerramos bien el llavín. Pero al intentar abrir la puerta con mi llave vi que no abría. Miré hacia adentro a través del cristal y al ver el panorama se me enfrió el alma. La sensación de aquel momento nunca la voy a olvidar. Me sentí muy, muy mal; fue una mezcla de dolor con impotencia…”, declara.

Casi inmediatamente después llegó la doctora Zoraida, quien intentó, con palabras suaves, convencer a la mujer, y recibió a cambio frases ríspidas. Luego vio su bata blanca, que solía dejar colgada en la silla, asomar de manera irrespetuosa a través de las persianas de cristal. Esa fue la forma de devolverla.

Nada valió, ni los argumentos del personal de dirección del Policlínico Sur o de funcionarios del Gobierno y de Salud del municipio. A cambio, una amenaza inesperada: “Si abren la puerta le prendo candela a esto y aquí se acaba todo”, dijo la joven adentro, con los fósforos en las manos y el niño menor, de apenas 11 meses de edad, cargado en la cintura. Había rociado alcohol encima de muchos papeles y de unos murales colocados sobre un buró. Los niños restantes, de cuatro y seis años, permanecían a su lado. Luego se sabría que en total convive con cuatro de sus cinco infantes.

Desde entonces la situación persiste, no sin que se realicen gestiones, entre ellas la denuncia por un delito de Usurpación, recogido en el Código Penal vigente en Cuba.

También se han radicado reclamos en nombre de la correspondiente zona de los CDR ante el Consejo Popular Parque, así como sendas demandas ante la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Comité Provincial del Partido por parte de pacientes afectados al quedarse sin los servicios, que fueron retomados días después, pero solo parcialmente y en otro consultorio adonde se torna complicado acudir, por la lejanía y el difícil acceso para una población muy envejecida.

A ese otro consultorio (CMF No. 33) trataron de penetrar dos noches después otras dos mujeres, también con niños, que lograron forzar la puerta, pero ante la reacción de los vecinos y la advertencia de llamar a la policía abandonaron el lugar sin consumar su propósito.

No fue un suceso exclusivo

Lo peor de todo, dice la vox populi y confirman las autoridades sanitarias, es que el local de las citadas estructuras de atención primaria no ha sido el único invadido en los últimos tiempos. Se trata de una tendencia creciente, iniciada en 2019, en la que un grupo de personas que por lo general se conocen entre sí y al parecer se avisan mutuamente (hay lazos incluso consanguíneos entre algunos) invaden, entre otras propiedades ajenas, estructuras de Atención Primaria de Salud y se radican en ellas, generalmente de noche y durante la ausencia de fluido eléctrico. Más de uno, o una, pues son como regla mujeres con varios niños a cargo, ha “permutado” el local usurpado por otro en la misma condición.

El narrado viene a ser un nuevo caso acaecido en territorio de la cabecera provincial; tres anteriores evolucionaron con posterioridad hacia el restablecimiento del orden y la devolución del local, de acuerdo con los registros de las autoridades sanitarias.

Según testimonia Jaile Rabelo Orellana, intendente del Gobierno Municipal de Sancti Spíritus, a ellos se suman otros inmuebles pertenecientes a entidades estatales: Clínica Veterinaria de las proximidades de la Sala Yara, el antiguo Tribunal Municipal en la calle Céspedes, la Fábrica de Raspaduras en la salida hacia Trinidad, el local de la Unión de Informáticos en la calle Manolo Solano y uno de la Aclifim en la barriada de Colón. De cada caso se tiene un expediente.

No siempre se custodian debidamente esos locales por los responsables o titulares; no siempre la población actúa rápidamente para evitar la ilegalidad, en ocasiones hasta las apoya, advierte el intendente. Tampoco siempre los representantes del Gobierno en la base actúan con la rapidez, resolución y eficacia necesaria, agrega esta reportera.

“Los consultorios son la mayor tendencia y, a la vez, lo más grave, porque hay una afectación en aquellos que están prestando servicios. Cada uno tiene un promedio de mil y tantos pacientes”, ilustra el directivo. Particularmente, de conjunto en el 31 y el 32 suman cerca de 2 300 las personas que sufrieron perjuicios en la atención de su salud.

“La restitución del orden se torna complicada en ocasiones. Sin embargo, no vamos a premiar este tipo de conductas con una vivienda. Esa no es la postura, no es la manera correcta de gestionar una vivienda, cuando hace más de tres años que en esta provincia no se construye un edificio, debido a la difícil situación del país”, aclara categórico.

En territorio espirituano se producen cada año, apunta Jaile, menos de 1 000 nacimientos en la última década, y cada vez con un decrecimiento en relación con el período precedente. Existe, precisa, un registro de más de 400 madres con tres o más hijos menores que tienen necesidad de vivienda.

Un delito sancionado por la ley

De acuerdo con el texto Tratamiento jurídico-penal a la ocupación ilegal de viviendas y otros locales, publicado en el periódico Granma el 2 de abril de 2023:

“En la actualidad existe un creciente aumento en la actuación de algunos individuos, o grupos de estos que, aprovechando la ausencia temporal de los titulares o convivientes, se introducen en viviendas ajenas para ocuparlas o apoderarse de ellas. Similar situación viene ocurriendo con algunos locales estatales, en los que se prestan servicios básicos para la comunidad, como consultorios médicos y bodegas, entre otros inmuebles.

“Estas conductas integran el delito de Usurpación previsto en el Artículo 421, de la Ley No. 151 de 2022, Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que entró en vigor el 29 de noviembre de 2022.

“Antes de la promulgación del actual Código Penal, solo se procesaban como autores de ese ilícito penal los que entraban a las viviendas o locales ajenos empleando violencia o intimidación en las personas, pues en el caso de quienes no lo hacían de esa manera las direcciones de la Vivienda y las comisiones de enfrentamiento a las ilegalidades gestionaban su extracción de esos lugares, luego de declararlos ocupantes ilegales.

“Sin embargo, el incremento de estas modalidades y, con ello, de la lesividad y agresividad que encierran estos comportamientos en cualquier variante, requiere de la intervención del Derecho Penal en la solución de estos conflictos, protegiendo la propiedad como bien jurídico”.

El Código Penal vigente en Cuba recoge así el referido delito:

Usurpación

Artículo 421.1. Quien ocupe o se apodere ilegalmente de un bien inmueble de ajena pertenencia, incurre en sanción de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas, o ambas.

2. Los hechos previstos en el apartado anterior se sancionan con privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas, si se ejecutan empleando fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas (…).

¿Punto final al beneficio a madres solteras con tres o más hijos menores?

De acuerdo con declaraciones de Néstor Borroto González, director provincial de la Vivienda, no se ha detenido la política de ayuda mediante la entrega de domicilios o de fondos y recursos para construirlos y repararlos a madres con tres o más hijos de 17 años o menos, aunque ciertamente la misma ha mermado bastante como consecuencia del agravamiento de la situación económica del país.

“Como parte de la atención al Programa de Dinámica Demográfica, las direcciones de Vivienda de cada territorio tienen el encargo, según Acuerdo 9009/21 del Consejo de Ministros, de priorizar la asignación de viviendas y recursos financieros, tanto para las nuevas construcciones como para las rehabilitaciones de inmuebles a las madres, padres o tutores legales que tengan bajo su guarda y cuidado tres o más hijos de hasta 17 años de edad”, explica.

Menciona, además, la posibilidad, con la autorización de los Consejos de la Administración Municipales, de la compra de viviendas de propiedad personal para su asignación a los referidos sujetos.

“En los cuatro años transcurridos desde la entrada en vigor del Acuerdo, en la provincia se han resuelto 263 casos de ese tipo, de un universo de 2 411 madres identificadas, soluciones dadas por las cuatro vías posibles (subsidio, por financiamiento, de forma estatal, y a través de la compra de viviendas). Además de lo terminado, están en vías de solución 166 casos más, de los cuales 38 se encuentran en fases constructivas, y el resto está por iniciar, con un respaldo de financiamiento. Para el año actual se tiene un compromiso de resolver 59 casos que incluyen el pronóstico de comprar 34 viviendas de propiedad personal.

“Las soluciones por años han sido las siguientes: en 2021, 149; en 2022, 45; en 2023, 58; en 2024, 10 y en 2025, 1”, especificó.

Sin embargo, no ha sido siempre la falta real de una vivienda lo que ha movido a quienes deciden ocupar ilegalmente un local estatal, pues en ocasiones han recibido una con anterioridad y la han vendido para luego reclamar una nueva ayuda. También hay casos en los que los “ilegales” abandonan un hogar propio para invadir un inmueble ajeno, alegando una orfandad que no es verdadera.

“El poco avance logrado en las acciones constructivas ha obedecido en lo fundamental a las restricciones con la entrega de los renglones de cemento y acero, además del déficit de financiamiento a partir de los altos precios que han tenido los materiales de la construcción en los últimos dos años, que no solo ha limitado este destino, sino además la solución a los casos pendientes de eventos meteorológicos y al avance de las Células Básicas Habitacionales como parte del programa de los subsidios, entre otros”, agrega Borroto, quien adelanta una nueva medida, cuya implementación ojalá prospere.

“En estos momentos se encuentra aprobado por el Consejo de Ministros un nuevo acuerdo que beneficiará tal proceso, donde, entre otras modificaciones, se incrementa el monto para las acciones constructivas. El mismo entrará en vigor a partir de un mes de que salga publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba”.

Al habla con las ilegales

Escambray les dio la palabra a madres que penetraron a locales ocupados por Consultorios del Médico de la Familia y se instalaron en ellos de manera ilegal, para conocer sus argumentos.

Yanisbel Batista Marín (CMF No. 9 Policlínico Los Olivos, Circunvalación, Reparto 26 de Julio): “Vine para aquí a finales de octubre del año pasado, porque tengo una niña de tres años con una parálisis cerebral infantil, se trata con equinoterapia y no tiene control sobre sus necesidades fisiológicas; otra que va a cumplir 15 años ya y un varón de 10.

“Varias veces me dirigí al Gobierno para que me ayudaran con una casa, me remitían a Atención a la Población y nunca en dos años y medio me dieron un despacho, ni me llamaron para nada; archivaban mi caso y ya.

“Desde que la niña nació todo ha sido un peloteo y como no me querían ayudar por donde me tienen que ayudar yo me decidí a ocupar esta casa. Tuve que venir para aquí cerca para casa de mi padrastro, en el Callejón La Ford, que tiene solo un cuarto y ahí viven dos niñas de mi hermana, porque su casita también es chiquita.

“Entraron colchones a Trabajadores Sociales y Elier, jefe de Asistencia Social en la calle Céspedes, me dijo que me darían las cosas que le tocan a mi hija solo si yo entregaba el consultorio. Después me llegó un recado suyo de que si no entregaba esto me iban a quitar la ayuda de Asistencia Social, es decir, la chequera de 3 790 pesos”.

Yarisleidy Santana Marín (fue extraída luego de ocupar el CMF No. 4 del Policlínico Los Olivos, en Edificio No. 27 Apartamento No. 1): “Yo iba a todos lados explicando mi situación. Tengo cuatro niños, de siete, tres, dos años y seis meses la menor. Vivo en Callejón La Ford, en casa de tierra, que se moja, es un cuarto con cocinita y baño. El niño de dos años padece dermatitis y problemas respiratorios por su alergia, vive enfermo. Debido a todo eso yo tomé la decisión de irme para allí para el Consultorio No. 4, de donde me sacaron. Salí por mis propios pies, pero se portaron malísimo.

“El padre de mis dos hijos menores, que es mi pareja actual, es militar. Pero tengo una niña que es ‘Tarea Victoria’, porque el padre está recluido en el centro penitenciario de Nieves Morejón y por ella nunca me han dado nada. Yo trabajo en la farmacia del 12 Plantas, ahora estoy de licencia”.

Alianet Soriano Méndez (CMF No. 31 y 32 del Policlínico Sur, Calle Manolo Solano No. 208): “Tomé esta decisión porque vivía en un campo donde no había agua ni buena alimentación para los niños, son cinco y solo la hembra no vive conmigo, sino con mi mamá en Ciego de Ávila. Cierto que me dieron esa casa en La Palma hace como tres años, el niño menor no había nacido. Y la vendí para comprar cosas para adentro: lavadora, televisor, ollas y comida. Me compré otra casita en Las Yayas, que no tiene condiciones para ellos.

“A veces cuando una es madre y quiere a los hijos la desesperación te lleva a todas estas cosas solo para que ellos tengan mayor comodidad. Sí me he sentido apoyada, pero me han prometido muchísimas cosas y no han cumplido; las cosas de adentro de la casa, por ejemplo, no me las entregaron, y yo no tenía de nada, ni dónde sentarme ni dónde dormir.

“Yo pienso que tal vez el Gobierno en algún momento me dé la oportunidad entregándome algo donde vivir para que los niños tengan mayor comodidad aquí en la ciudad, yo pueda trabajar y no tenga que depender de nadie”.

Daños a la atención primaria de salud

Héctor Hurtado Luna, jefe del Departamento de Medicina Familiar en la dirección General de Salud, sostiene que dicho programa está diseñado para que el consultorio se encuentre en el área de residencia de la población que atiende y que esta no tenga que desplazarse a distancias mayores a las concebidas.

“Cuando esa condición se rompe se violan los protocolos establecidos para atender adecuadamente, entre otras prioridades, a embarazadas, niños menores de un año, encamados, etc.

Dicha alteración interfiere también en la formación de los estudiantes de la carrera y los residentes, la labor del grupo básico de trabajo con sus especialidades. Afecta, asimismo, el control del local como estructura y del personal.

Se desvirtúa, en suma, todo el programa. Eso sucede cada vez que los servicios de un CMF se trasladan a otro por causa de una ocupación ilegal”.

¿Un problema en vías de solución?

Bárbara Mínguez Amézaga, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus, accedió a responder el cuestionamiento de este órgano de prensa acerca del tema.

Se ha extendido en el tiempo la extracción de personas que han ocupado ilegalmente varios CMF del municipio. ¿Por qué, si es tan notoria la afectación a los servicios?

En estos CMF que tenemos ocupados no ha sido posible hasta el momento realizar la extracción de esas compañeras, generalmente madres con más de dos niños, no porque no se haya trabajado en ello en el Gobierno desde el grupo de enfrentamiento a las ilegalidades.

En cada uno de estos casos se ha llegado hasta el fin para poder lograr un retorno de estas personas a sus lugares de origen.

¿Qué estrategias ha trazado el Gobierno para resolver esta situación?

Sabemos la afectación que este comportamiento nos deja en los consultorios, con la desprotección de una parte de la población que no recibe regularmente esos servicios, al tratarse de CMF con vida útil.

Hoy nosotros estamos acometiendo estudios y acciones en el grupo de enfrentamiento del Gobierno, de conjunto con el Minint, para ver de qué manera le vamos a dar solución, viendo cómo trazar una estrategia para detener esta tendencia. Yo creo que nada justifica que alguien a partir de una situación familiar penetre en una institución estatal ni en una casa de una persona natural. Hemos trazado a partir de las tendencias de la mayoría de las penetraciones ilegales una línea de acción para incrementar la protección de esos consultorios con personas que los resguarden y que la población nos ayude en ese propósito, nos alerte de cualquier indicio de que algo así podría suceder.

No contamos en el municipio con la disponibilidad de casas para otorgar a esas personas que tienen situaciones de vivienda, para un cambio de uso o el otorgamiento de un domicilio como un posible lugar de retorno.

Pero aun así estamos trabajando en función de solucionar ese problema, porque es importante no seguir perdiendo locales estatales, mucho menos que sean de este tipo tan sensibles para la población.

Yo espero que podamos recuperar lo nuestro

Según la información ofrecida por Isabel Gómez Ruiz, jefa del Departamento de Medicina Familiar en la Dirección Municipal de Salud de Sancti Spíritus, los Consultorios del Médico de la Familia No. 9 y 2 del Policlínico Centro fueron devueltos a su uso luego de sufrir la misma suerte que los siete actualmente fuera de uso por el delito de Usurpación.

También el No. 4, adscrito al Policlínico de Los Olivos, fue recuperado en la propia jornada en que fue invadido. De acuerdo con la joven funcionaria, en ello resultaron determinantes la persistencia en los esfuerzos de las autoridades sanitarias y el empeño de los representantes del Gobierno en la base, que lograron involucrar activamente a la población en la solución del problema.

“Esa persona que hoy ocupa el local de los CMF No. 31 y 32 del área Sur fue recogida un 14 de febrero en una parada a la entrada de Dos Ríos, donde se estableció, hace aproximadamente tres años”, cuenta Jaile Rabelo.

“Se le entregó una casa en la comunidad de Palma, en la otrora escuela Wilson Rojas, confortable y con dos cuartos, luego de permanecer por un tiempo corto en un local emergente. La vendió y compró una casita en Las Yayas. Hace menos de un año fue devuelta a Neonatología, donde estaba su niño prematuro y bajo peso, pues se fugó de allí con el niño sin permiso especializado y el bebé estaba en riesgo.

“Ha sido atendida por diferentes programas, con alimentación durante y después del embarazo. Se le dio cuna, que le fue llevada hasta su vivienda. Su caso ha sido objeto de análisis y seguimiento por la comisión de Prevención y Atención Social, el Programa de Atención Materno Infantil, la Política Demográfica, la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades…

“Está el expediente creado y las condiciones para realizar su extracción de ese local y devolverla al lugar de origen”, detalló el funcionario.

Casi una decena de embarazadas y siete bebés de la barriada han tenido que trasladarse hacia un local lejano, donde dos doctoras y dos enfermeras aún sufren las heridas del impacto emocional. Se acomodan como pueden en una edificación de un consultorio ajeno; recuperan historias clínicas, documentos y medios de trabajo con notoria dificultad en el acceso a su local.

Zoraida Fuentes Tur, especialista en Medicina General Integral, lleva ocho años ejerciendo laboralmente en el mismo lugar (CMF No. 32). Dailiana Chang Simó, de esa propia especialidad, tiene cinco años allí (CMF No. 31).

Cuentan que se han reducido mucho las consultas, pues atienden solo casos puntuales, sobre todo el Programa de Atención Materno Infantil. Hay pacientes que todavía desconocen la situación.

También resultaron afectadas las consultas de especialidades, la docencia (allí se atienden aproximadamente 15 estudiantes de Medicina cada curso) y el programa Educa a tu Hijo para niños de entre cero y un año.

Al final del diálogo de Escambray con las doctoras, la enfermera Marvila frunce el ceño e interviene: “Yo tengo una preocupación, y es que aquel día nos tocó a nosotros, pero si la situación sigue así y no se toma alguna medida van a seguir ocurriendo este tipo de hechos, que son ilegalidades, y nos vamos a quedar sin consultorios”.

Casi nos disponemos a marcharnos cuando llega al local de la calle Juan González la licenciada en Enfermería Arianna Rodríguez Peña, quien meses atrás completó 10 años de trabajo en el lugar que fuera ocupado ilegalmente.

“Ha sido un impacto muy grande, nada más de hablar comienzo a llorar. Vi la publicación en redes sociales, he escuchado los cuentos, pero no lo viví porque estaba de vacaciones. Estoy segura de que si hubiera estado allí no habría podido contener mi ira y habría defendido lo mío, lo colectivo”, declara.

“Siento como si las únicas a las que les importara esta situación fuéramos nosotras, y algunos pacientes. Empecé a trabajar sin ánimo, son muchos años, cada recurso de los que se han puesto allí ha costado esfuerzo”.

En las cercanías especulan sobre cómo terminará todo, con presagios que podrían repetirse en otras zonas del municipio donde se produjeron hechos similares: “No la van a sacar, olvídate, porque si lo hacen eso va para los derechos humanos”; “Enseguida viene alguien, lo sube a las redes y verás lo que es atacar a Cuba”; “Claro que tienen que sacarla, ¿quién la mandó a vender la casa que le dieron?”; “Esta Revolución es demasiado benévola, por eso abusan”; “¿Y dónde quedan los derechos del personal de Salud y de los pacientes?”.

Arianna, en tanto, alberga una luz de esperanza: “Yo espero que esta paz sea un antecedente de un momento de acción que nos lleve a recuperar lo que es nuestro”.

28 Abril 2025 Fuente: Escambray/ Noticias/ Salud

Cuba ratifica su política de tolerancia cero ante las drogas e impulsa la prevención para enfrentar su consumo, unido a la cultura de rechazo en las nuevas generaciones, expuestas a este fenómeno que lacera la calidad de vida.

Desde el año 2017 en Las Tunas, desde los centros educativos, se realiza un ejercicio estratégico de rechazo a las adicciones. Con este propósito, las acciones de prevención desde los escenarios escolares ratifican el proceso de educar a la niñez, la adolescencia y la juventud, significó el Doctor en Ciencias Juan Migüel Barrios, subdirector general de Educación en la provincia.

«La escuela cubana es inclusiva y desde su misión es responsable de la población escolar. Para ello, existe un proyecto al que pertenece el Ministerio de Educación, el perfeccionamiento continuo del ector, el cual dispone de documentos normativos que atienden específicamente cada una de las particularidades.

«La prevención es un componente esencial del trabajo metodológico como un valor agregado a partir de la clase. Cada docente tiene la responsabilidad de conducir a niños, adolescentes y jóvenes como parte del acompañamiento del desarrollo en el proceso de aprendizaje.

«El sector cuenta con dos instrumentos jurídicos y legales esenciales, la resolución ministerial 111 y la resolución ministerial 15 del 2019, que norman todo lo relacionado con la prevención desde la institución educativa. Estos instrumentos disponen del acompañamiento de los factores de la sociedad vinculados al sector y a la formación integral de las presentes y futuras generaciones», destacó el directivo.

Ante el tema relacionado con el uso y abuso de las drogas para lograr una cultura de rechazo entre los adolescentes y los jóvenes el sector tiene funciones específicas.

«Una función de Educación es preparar a las personas para actuar. El sector promueve de manera intencionada el tratamiento a la temática desde la vía curricular (el programa y el plan de estudios) en todos los niveles educativos y de dirección. Además se realiza la capacitación y la preparación sistemática de directivos, docentes, especialistas y las familias, dotándolos de conocimientos y herramientas para enfrentar este fenómeno.

«Esta coordinación se amplía con la inclusión de Salud, los centros comunitarios de Salud Mental, la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, la Oficina de Atención a Menores, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones estudiantes, el Inder, Cultura y la Fiscalía General de la República», significó.

En el trabajo intersectorial desde la comunidad, el sistema de Educación forma parte de una comisión de prevención que prepara a la familia ante la presencia o la identificación oportuna de un adolescente con esta problemática social.

«La escuela posee una caracterización del alumno y de la familia, en la que tiene un valor esencial las condiciones en las que vive y se desenvuelve el adolescente o el joven.

«Todo eso lo aporta la escuela para determinar cuáles son los elementos que necesitan para un tratamiento especializado desde la organización básica del destacamento, y así abordar el fenómeno desde la afinidad en el grupo con ese adolescente; un trabajo que cuenta con el consentimiento y el acompañamiento de la familia», comentó el subdirector general de Educación en Las Tunas.

El asesoramiento, el acompañamiento y la transformación desde el sector de Educación logra, además, la mirada multicausal a otros problemas que provocan el uso y abuso de las drogas en las nuevas generaciones, y el abandono de los estudios. Para ello se ponen en prácticas iniciativas, como las parejas en equilibrio a nivel de aula o brigada.

«Como estructura básica de la organización estudiantil, el grupo asume un rol y la orientación del profesor guía y un equipo de docentes que proyectan la labor de las parejas de equilibrio; no solo son para resolver las dificultades académicas, sino para colaborar ante los problemas de la formación integral mediante actividades con los instructores de arte y los profesores de Educación Física, tan valiosos en cada plantel», concluyó.

Entre las normativas cubanas, Tolerancia Cero…

La escuela está llamada a convertirse en la institución educativa que coordina todas las influencias de la comunidad, junto a otras figuras y organismos que deben contribuir con la formación integral y el cuidado de los niños, los adolescentes y los jóvenes.

«A partir de esta labor intersectorial desde las normativas cubanas se mantiene una política de tolerancia cero desde la legalidad cubana, un fenómeno que encuentra la penalización ante el uso y abuso de drogas», aseveró Nosley Sastre García, Fiscal Jefe del Departamento de Organización y Planificación en Las Tunas.

«En función de la prevención se realizan diversas acciones como parte de la interrelación con el Ministerio de Educación, para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en las secundarias básicas, en la enseñanza técnico-profesional y en los preuniversitarios, mediante acciones de comunicación institucional sobre este fenómeno y las consecuencias jurídicas», dijo Sastre García.

Más allá de los planteles esa labor posibilita la realización de barriodebates en comunidades caracterizadas e integrada por múltiples familias, y es esencialmente donde se puede denunciar este fenómeno para combatirlo de una manera integradora y multifactorial, explicó el Fiscal Jefe.

«En tal sentido se actualiza a las comunidades respecto a este fenómeno y que desde la legalidad encuentra amparo para su penalización en el código penal con la ley 151 publicada en el año 2022, que establece un grupo de figuras delictivas dentro del título de Delitos que afectan a la Salud Pública, específicamente el artículo 235 los relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares.

«Este establece sanciones de privación de libertad que discurren desde los cuatro hasta los 10 años a aquellas personas que sin estar autorizadas, en primer lugar, produzcan, elaboren, transporten, trafiquen, adquieran o introduzcan en el territorio nacional o tengan en su poder con el propósito de comercializar o de traficar estas sustancias, o de cualquier modo se las procure también o se las dé a otra persona para su consumo».

Añadió que «en igual sanción también incurren quienes operen, administren o dirijan locales o viviendas que estén destinados a la concurrencia de personas para consumir este tipo de sustancias, mientras otro de los apartados que establece ese artículo está para aquellas personas que cultivan la planta conocida como marihuana u otras de propiedades similares o a sabiendas posea semillas o parte de dichas plantas», añadió el representante jurídico.

Destacó Sastre García que como parte de esa política de rigor que exige el país para el enfrentamiento a estas conductas se establecen «sanciones de privación de libertad de 10 a 30 años, la de privación perpetua de libertad o la muerte, dentro de otros presupuestos, siempre que estos hechos se ejecuten por funcionarios o empleados públicos, por lo que implican o por lo que representan para el Estado.

«Además, si en la comisión de estos hechos delictivos se utiliza a una persona menor de 18 años de edad y si el responsable al momento de los hechos posee también un antecedente penal por un delito de similar comportamiento».

El alcance ante la responsabilidad de la familia, de ese representante legal o el tutor del adolescente «el código penal valora específicamente el delito de corrupción de personas menores de edad, que establece en su artículo 403, pena de privación de libertad de dos a cinco años a quien con noticias de que una persona menor de 18 años de edad sujeta a su responsabilidad parental, se dedica al uso o consumo de drogas ilícitas o sustancias de efectos similares y esta persona lo consienta o no lo impida.

«Asimismo, el artículo 406 establece que quien por su negligencia o descuido dé lugar a que una persona menor de 18 años de edad, sujeta a su responsabilidad parental, use o consuma drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, también incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multas de 500 a 1000 cuotas o ambas penas pueden imponerse también a estas personas», abordó.

Salud Pública, por infancia y adolescencia sanas…

La familia es responsable de la formación de las nuevas generaciones que pueden encontrarse ante un fenómeno como este, de ahí su papel rector en la educación que propicie esa cultura de rechazo ante el uso y abuso de las drogas. A esa interpretación se enfoca el trabajo intersectorial que desarrolla el sector de la Salud para enfrentar este fenómeno en las adolescencias y juventudes.

Xiomara Mercantete Rodríguez, funcionaria de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) refiere que la familia tiene una alta responsabilidad ante el incremento de adolescentes y jóvenes que puedan consumir o consumen droga, pues constituye la puerta a otros problemas como la transmisión de enfermedades sexuales, embarazos en la adolescencia, y la discriminación y violencia de género.

«En el caso de Salud Pública actualmente se labora junto a la Federación de la Estudiantes de la Enseñanza Media, la Universidad de Ciencias Médicas, la Dirección de Extensión Universitaria y profesionales de Prosalud, en la realización de los talleres multiplicadores de salud para prevenir el uso y el abuso de estas sustancias nocivas».

La adolescencia es un periodo de desarrollo y de crecimiento, y sí desde tempranas edades inicia el consumo se convertirá una persona con un futuro incierto desde el punto de vista de la salud humana, y esa es una preocupación mayor, comentó la representante de Prosalud que atiende el Programa de Atención Materno Infantil en Las Tunas.

«Las Tunas está inmersa desde el mes de febrero en actividades relacionadas al tema mediante las alianzas con Educación y la Fiscalía General de la República con el fin de dotar de una educación jurídica a las familias unido a la percepción de hasta dónde puede dañar a un adolescente o a un joven, ocasionándole hasta una pérdida de la libertad.

«El sector sanitario dispone de servicios destinados a los adolescentes como la Línea Ayuda 103 en la cual se evacuan dudas, se asesora y se orienta a quien contacta por vía telefónica de manera anónima. También están disponibles los servicios de cesación tabáquica a nivel del área de salud, unido a la consulta para los adolescentes, que constituyen espacios dispuestos a las familias en cada policlínico», acotó

«En este amplio actuar también están inmersos los centros comunitarios de Salud Mental y las instituciones de la Atención Secundaria de Salud para la población infanto-juvenil, a la cual se suman los cursos de multiplicadores de salud en los 42 centros FEEM, con el propósito de que a nivel de aula adquieran conocimiento del impacto del consumo de la droga legal (el tabaco y el alcoholismo), que son porteras hacia las drogas ilegales como la cocaína, la marihuana, entre otras», concluyó.

Con el objetivo de promover el bienestar y la salud en la comunidad juvenil en las instituciones asistenciales se capacita al personal de la Atención Primaria ante la presencia de un caso en el área de salud, para una intervención eficiente y óptima ante la necesidad de las familias o una posible intoxicación por el consumo de drogas de abuso.

Ante el enfrentamiento al uso y abuso de drogas se sostiene un trabajo intersectorial con sectores claves como Educación, Fiscalía y Salud Pública, un alianza para abordar desde la prevención el fenómeno relacionado con el consumo de drogas, psicotrópicos y sustancias de efectos similares, como parte de la política Tolerancia Cero en el país ante estas poblaciones caracterizadas de mayor vulnerabilidad a nivel global.

27 Marzo de 2025 Fuente: Tiempo 21/ Noticias/ Salud