El conversatorio constituyó una de las actividades de la visita de trabajo del profesor Leonardo B. Pérez Gallardo a la provincia

En torno a la eutanasia se centró el debate popular en Cuba, antes, durante y después de que el Parlamento aprobara la Ley de Salud Pública, el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, de otros aspectos muy novedosos, incluidos en el marco legal, como el “consentimiento informado”, poco se conoce, incluso entre los profesionales de la salud.

Evidencia, quizás, de que se debatió muchísimo en las calles y en las redes sociales, pero muy poco allí donde más falta hacía: en las instituciones de salud, donde esta Ley viene a ser una suerte de “Constitución”.

Así definió Leonardo B. Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, a ese marco legal para quienes laboran en el sector, durante un debate con trabajadores del Hospital Provincial Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila.

En el intercambio, el también presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familias de la Unión de Juristas de Cuba, explicó el alcance de la actual Ley de Salud Pública, muy atemperada a estos tiempos y en consonancia con las transformaciones legislativas llevadas a cabo en Cuba desde que en 2019 se aprobara la actual Constitución de la República.

¿Puede un adolescente solicitarle un aborto a un doctor o donar un órgano, aun cuando sus padres se nieguen? ¿En qué circunstancias se requiere el consentimiento del paciente para un proceder médico? ¿Existen diferencias entre las determinaciones sobre el final de la vida y la eutanasia? Sobre estas y otras interrogantes se encauzó el debate, donde el doctor José Manuel González Cendán, jefe del Servicio de Oncología de la institución hospitalaria, explicó que existen límites éticos entre la eutanasia, el encarnizamiento terapéutico y la sedación paliativa.

Mientras, la doctora Diana Mendoza Morena, jefa del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, expresó su preocupación sobre el procedimiento para la práctica en menores de edad del “consentimiento informado”, documento que debe firmar el paciente con la conformidad del tratamiento médico que se le va a administrar.

Pérez Gallardo aclaró que ante casos de urgencias médicas no se requiere de esa aprobación, sino en pacientes que, por ejemplo, se someterían a cirugías electivas, e insistió en que los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre su diagnóstico y, así, dar o no su conformidad sobre determinadas intervenciones terapéuticas.

Ante la preocupación de algunos galenos de que se vuelva común el cuestionamiento a los procederes médicos, en medio de circunstancias económicas complejas que limitan el acceso a insumos y medicamentos, el jurista aclaró que, en temas de salud, se tiene en cuenta el concepto “lex artis ad hoc”, que consiste en que el actuar del médico se debe juzgar de acuerdo con el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología dispuesto en el lugar.

“Yo no puedo medir a un médico del Hospital Hermanos Ameijeiras de la misma forma que lo puedo hacer con uno de un hospital municipal, porque el nivel tecnológico, el nivel de formación postgraduada del equipo médico, la intervención multidisciplinaria no es similar en ambos lugares”.

Los presentes coincidieron en que aún falta por interpretar y debatir sobre la actual Ley de Salud Pública, pues no basta con tener una nueva normativa legal si esta no se conoce a profundidad. Apropiarse de sus artículos e implementarlos garantizará el adecuado ejercicio de derecho en estos temas que, a fin de cuentas, dignifican cada vez más al ser humano y a la sociedad.

El conversatorio constituyó una de las actividades de la visita de trabajo del profesor Leonardo B. Pérez Gallardo a la provincia, que también incluyó un intercambio con juristas y notarios sobre la aplicación e interpretación del Código de las Familias y conferencias a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.

18 enero 2024| Fuente: Radio Guáimaro| Tomado de Noticias

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Salud Pública que será debatido en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en el mes de diciembre, según dio a conocer este domingo el diario oficial Granma.

La viceministra primera de Salud Pública (Minsap), Tania Margarita Hernández, señaló que en el documento se ratifica la “Salud Pública como un derecho del pueblo, se desarrollan derechos y garantías constitucionales y deberes de las personas, y se propone el concepto de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud”.

Anteproyecto de Ley de Salud en Cuba incluye reconocimiento de la eutanasia

Según Hernández, la nueva ley actualiza “las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar los servicios accesibles, gratuitos y con calidad”, lo cual sería un punto vital dada la precaria situación material del sistema de salud, por el que la población emite constantes quejas.

Además, “establece funciones y obligaciones a nivel local; profundiza el concepto de Una Salud, que no se encontraba en la Ley anterior, y permite la integración de multidisciplinas”.

En su articulado, tal como detalló la viceministra, la propuesta recoge las “determinaciones para el final de la vida” (tema de la eutanasia), “los principios y fines de la Salud Pública”, así como el “funcionamiento de las actividades del Sistema Nacional de Salud”.

Para la elaboración del anteproyecto se realizaron múltiples consultas, tanto con especialistas del sector de la Salud como de otros estrechamente relacionados con él, y se evaluaron documentos internacionales e instrumentos jurídicos de diversa índole, apunta el reporte.

De ser aprobada en la ANPP, la nueva normativa derogará la Ley 41 de la Salud Pública, del 13 de julio de 1983, y entrará en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Otros decretos y leyes

Como parte de los temas incluidos en la agenda de esta reunión, los miembros del Consejo de Ministros también dieron luz verde a la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal, así como al anteproyecto de Decreto Ley que deberá ser finalmente aprobado por el Consejo de Estado.

Significativa para el avance del cronograma legislativo en el país resultó la aprobación también del proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas, que posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo de Estado, apunta Granma.

Según Granma, el Consejo de Ministros “decidió ejercer la iniciativa legislativa” en varios temas vinculados con el desarrollo social y económico de la nación, y presentarlos a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La reunión del Consejo de Ministros, correspondiente a septiembre, según esta fuente, estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y fue dirigida por Manuel Marrero Cruz, primer ministro,

3 octubre 2023| Fuente: oncubanews | Tomado de Cuba