Santa Clara, 8 may (ACN) En el 2025, el servicio de peritaje psiquiátrico infantojuvenil del Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara atendió a 132 casos, mientras que su equipo técnico asesor participó en la resolución de otros más de mil vinculados a tribunales de familia, donde lograron evitar la revictimización de niños y adolescentes.

La doctora Addys Pérez Fernández, jefa del Servicio de Salud Mental de la institución, explicó a la ACN que atiende sobre todo niños abusados o vinculados a denuncias policiales; “nuestra especialidad tiene una implicación médico-legal importante, pues actuamos como peritos para validar testimonios sin exponer al menor”.

Sorprenden historias como la de una niña de 10 años del municipio de Camajuaní, víctima de abuso sexual, que fue atendida por trastorno de estrés postraumático; “participamos como testigos en el proceso judicial para evitar la revictimización, y la niña continúa en seguimiento incluso después del juicio”.

La doctora Aimé Fornier Erizondo, especialista en Psiquiatría Infantil y perito médico legal, declaró que también realizan escuchas a menores en procedimientos civiles: “Hemos entrevistado niños de hasta tres años, según lo permite su desarrollo del lenguaje, en casos de guarda y cuidado, adopción o procesos migratorios; realmente son muchas las situaciones difíciles en las que tenemos que intervenir”.

Pérez Fernández precisó que en el 2025 se realizaron 71 escuchas a menores en los tribunales, como parte del trabajo del equipo multidisciplinario, donde auxilian a los jueces para determinar qué es lo mejor para el menor y aportar herramientas para la conciliación familiar.

La jefa del servicio explicó que estos procesos incluyen también el apoyo de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, pues buscan la conciliación dentro del propio juicio para minimizar el daño al menor.

El equipo de peritaje trabaja estrechamente con fiscalía, tribunales y el Consejo de Atención a Menores para garantizar una atención integral; el objetivo es que el niño no sea víctima dos veces, precisó Fornier Erizondo.

La Ley de Procedimiento Civil cubana establece el derecho del menor a ser escuchado en procesos que lo involucren; hasta la fecha, Villa Clara cuenta con una de las tasas más altas de resolución de casos con enfoque multidisciplinario, gracias a la articulación entre salud, justicia y educación.

El seguimiento preventivo a los embarazos ha sido fundamental

CAIMANERA, Guantánamo.— A esta altura del presente almanaque, la mortalidad infantil y materna en la primera trinchera antimperialista de Cuba: Caimanera, está en cero. No hay decesos en menores de un año, ni madres fallecidas en esta tierra de pescadores y salineros.

Mayor es la relevancia de lo conseguido, porque se logra en un año de carencias acrecentadas por un bloqueo estadounidense maximizado.

La Doctora Maritza Cañada Castillo, jefa del Programa Materno Infantil (Pami) en el municipio, mencionó como pilares esenciales del éxito en este caso al personal de los 12 Consultorios Médicos de la Familia (CMF) y a los Grupos Básicos de Trabajo.

El seguimiento preventivo a los 31 un embarazos que dieron lugar a igual cifra de nacimientos en Caimanera hasta el cierre de abril, ha sido fundamental. Esa labor descansa sobre todo en los médicos y enfermeras que se desempeñan en la base, explicó Cañada Castillo.

Dijo que los especialistas del PAMI siguen de cerca a las 33 gestantes identificadas actualmente en el municipio. En doce de ellas -detalló- concurren factores de riesgos como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, asma, y ganancia insuficiente de peso.

No obstante -sostuvo la especialista-, dado el rigor de la atención multidisciplinaria a los mencionados casos, la meta de cerrar el presente año sin muertes maternas ni de menores de un año es realizable, y en Caimanera se trabaja para alcanzarla.

Fuente: Granma

La Resolución 174 del Ministerio de Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial No. 40 en su edición ordinaria, establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia, con énfasis en la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

La Resolución 174 del Ministerio de Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial No. 40 en su edición ordinaria, establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia, con énfasis en la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

Durante su presentación, el viceministro de Salud Pública, doctor Julio Guerra Izquierdo, explicó que el país continúa implementando una política demográfica orientada a estimular una natalidad segura y planificada, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional. En ese sentido, precisó que, aunque la tasa global de fecundidad ha disminuido, no se pretende su incremento a partir de nacimientos en edades tempranas. La fecundidad adolescente se mantiene en torno al 18,2 % del total de embarazadas en 2025, con una ligera disminución respecto al año anterior.

La disposición normativa responde al Acuerdo 10207 del Consejo de ministros y regula aspectos esenciales como la organización de los servicios de salud sexual y reproductiva, la capacitación de profesionales y las acciones de promoción de salud.

Entre sus elementos más relevantes, establece la notificación obligatoria por parte del sistema sanitario a las comisiones municipales de Prevención Social de todo embarazo en menores de 18 años, con el propósito de activar mecanismos de acompañamiento y protección desde la comunidad.

La doctora Katerine Chibás Pérez, jefa del Programa de Atención Materno Infantil, destacó que uno de los principales valores de esta resolución es la articulación de organismos del Estado, instituciones y organizaciones sociales en función de las y los adolescentes. Subrayó que el propósito es garantizarles información, protección y acompañamiento, así como el desarrollo de proyectos de vida.

En el ámbito de la salud, explicó, se prioriza el acceso de los adolescentes a servicios de orientación y planificación familiar, en espacios seguros y con privacidad, incluso sin necesidad de acompañamiento adulto. Asimismo, se trabaja en la disponibilidad de métodos anticonceptivos y en la preparación continua del personal sanitario.

La norma también prevé la prestación de servicios en centros educacionales o en horarios que no interfieran con la actividad docente, el fortalecimiento de los círculos de adolescentes y la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia para el período 2023-2026.

Con un enfoque educativo y de acompañamiento, la resolución incorpora además un sistema de control y evaluación que permitirá medir sus resultados, con la mirada puesta en el bienestar y desarrollo pleno de la adolescencia.

Fuente: Granma