En estos momentos se está desarrollando una historia en todo el Caribe que debería quitarle el sueño a todos los ministros de salud africanos, y casi nadie en este continente le está prestando atención.

Pero empecemos por Gambia, porque ahí es donde la historia cobra sentido. En junio de 1996, el líder cubano Fidel Castro envió a treinta y ocho trabajadores sanitarios cubanos a uno de los países más pequeños y con menos recursos del continente. Sin alardes. Sin cámaras de la CNN. Simplemente llegaron y empezaron a trabajar. Treinta años después, la administración de Barrow da la bienvenida a 260 más para dotar de personal a 23 nuevas clínicas en todo el país. Y en algún punto de ese lapso entre 38 y 260, entre 1996 y 2026, ocurrió algo extraordinario que la industria del desarrollo global nunca ha sabido cómo clasificar, porque no encaja con la narrativa que les gusta contar sobre África.

No fue ayuda humanitaria. No fue caridad. Fueron dos países del Sur Global que decidieron que se necesitaban mutuamente y lograron que esa relación funcionara durante tres décadas.

He estado pensando en por qué esta alianza no recibe más atención, y creo que es porque resulta inconveniente. Complica la idea de que los países pobres necesitan instituciones occidentales para funcionar. Gambia se convirtió en una de las primeras naciones africanas en implementar el Programa Integrado de Salud en 1999, una descentralización total de la atención primaria que convirtió a la Brigada Médica Cubana en la columna vertebral del personal médico del país. Esto no sucedió gracias al FMI, a USAID ni a una cumbre del G7, sino gracias a un acuerdo bilateral entre Banjul y La Habana.

Y luego está la Operación Milagro, la iniciativa quirúrgica especializada que devolvió la vista a miles de gambianos. O la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Afines, donde estudiantes gambianos se están formando para convertirse en la próxima generación de médicos en su propio país. Estos son logros estructurales. El tipo de cosas que se construyen a lo largo de décadas.

Estados Unidos, y en concreto el Departamento de Estado de Rubio, ha presionado sistemáticamente durante el último año a los gobiernos para que rompan sus acuerdos con las brigadas médicas cubanas. Han revocado visados ​​a funcionarios brasileños, africanos y caribeños cuyo único delito fue mantener acuerdos de colaboración en materia de salud con Cuba. Han enviado memorandos internos «confidenciales» que detallan estrategias para desmantelar el programa médico internacional de Cuba país por país. Guatemala se dio por vencida. Honduras se dio por vencida. Jamaica, que recibió 50 años de solidaridad médica cubana, donde médicos cubanos atendieron partos, devolvieron la vista y realizaron decenas de miles de cirugías, está poniendo fin a todo esto.

La justificación oficial es el “trabajo forzoso”. Y miren, la economía interna de cómo Cuba compensa a sus médicos en el extranjero es un asunto interno, pero un médico con el que hablé me ​​dijo que “es una forma de devolverle algo a mi país después de haber estudiado medicina gratis”. También me comentó que los médicos sienten orgullo de representar a su nación en el extranjero de manera positiva.

Pero seamos honestos sobre lo que realmente es esta campaña. El programa de exportación de suministros médicos de Cuba es una de las últimas fuentes importantes de ingresos que evitan el colapso total de la economía de la isla, especialmente después de que Washington impusiera un bloqueo petrolero total en enero de este año. Interrumpir esos ingresos no es una iniciativa en defensa de los derechos laborales. Es una guerra económica, y los pacientes de las zonas rurales de Guatemala y Kingston, Jamaica, son las víctimas colaterales.

Algunos países se han negado. Trinidad y Tobago, en esencia, mandó a Washington a paseo y le dijo que prefería perder los privilegios de visado estadounidenses antes que abandonar la atención médica de la que depende su población. Eso requirió valentía. El tipo de valentía institucional que surge de creer realmente en la propia soberanía, no solo de ejercerla.

Tras 30 años de experiencia sobre el terreno, podemos extraer tres lecciones. La primera es que la atención primaria no es glamurosa, y ese es precisamente el quid de la cuestión. El modelo cubano se basa en clínicas comunitarias, medicina preventiva y médicos integrados en los lugares donde vive la gente. África tiene demasiados hospitales de lujo que atienden a la clase media urbana y muy pocos centros de salud rurales que funcionen correctamente. El modelo cubano invierte esta situación.

En segundo lugar, el objetivo de cualquier alianza externa debe ser volverse innecesaria. Lo más importante en esta relación Cuba-Gambia no son los 260 médicos que llegan este año, sino los estudiantes gambianos de SMAHS, quienes no los necesitarán dentro de veinte años. La dependencia no se resuelve con mejores socios, sino desarrollando la propia capacidad hasta que los socios se conviertan en colegas.

En tercer lugar, la solidaridad necesita ser defendida como cualquier activo estratégico. Lo ocurrido en Jamaica no sucedió de la noche a la mañana. Fue resultado de una presión diplomática constante, amenazas de visado y una narrativa cuidadosamente construida que presentó a los médicos como explotadores. Los gobiernos africanos y la Unión Africana necesitan marcos sólidos que protejan los acuerdos de cooperación Sur-Sur precisamente de este tipo de injerencia de terceros.

Hace treinta años, 38 personas bajaron de un avión en Banjul y se fueron a trabajar. No querían hacer ninguna declaración. Simplemente estaban haciendo su trabajo.

Pero al final resultó ser una declaración sobre lo que es posible cuando dos pequeñas naciones del Sur Global deciden tomarse en serio mutuamente. Sobre cómo es la atención médica cuando se basa en la necesidad y no en el lucro. Sobre el tipo de solidaridad que perdura más allá de los ciclos electorales, las modas geopolíticas y la presión de los países poderosos que preferirían que dependiéramos de ellos.

El Caribe está siendo desmantelado en estos momentos. Alianza tras alianza, clínica tras clínica. Y el argumento que se esgrime —implícitamente, mediante la revocación de visados ​​y la presión diplomática— es que los países en desarrollo no pueden elegir a sus propios socios en materia de salud sin consecuencias.

La respuesta de África a ese argumento se está escribiendo en Banjul. En 23 nuevas clínicas. En 260 médicos que se presentaron.

Fuente: Trabajadores

Santa Clara, 28 abr (ACN)  La unidad entre empresas estatales, el sector cooperativo y la propia comunidad permitió la rehabilitación integral en Santa Clara del Consultorio del Médico de la Familia del consejo popular Hatillo, perteneciente al Policlínico Docente Capitán Roberto Fleites, como parte del programa villaclareño de transformación social Mi Barrio por la Patria.

Tras intensas jornadas de labores que involucraron a diversos factores de la sociedad, la reapertura de esta instalación de salud en la comunidad representa un paso significativo en la mejora de la calidad de vida  de los vecinos de este asentamiento.

La intervención constructiva contó con el apoyo decisivo de la Empresa de Ferrocarriles de Villa Clara, su director, Luis García, explicó a la ACN  que la entidad asumió la tarea con un programa de trabajo riguroso que incluyó el levantamiento de necesidades y el aporte de recursos.

“Cada vez que nos convoquen para aportar algo, daremos el paso al frente”, ratificó el directivo.

Por su parte, el doctor Alexander Vega Rodríguez, médico titular de la entidad, mostró su agradecimiento por la colaboración de la Cooperativa de Créditos y Servicios de la zona, los ferroviarios y los vecinos.

“Estuvimos siempre en pie de batalla y en poco tiempo logramos reapertura los servicios en un consultorio que hoy luce muy bonito”, señaló.

Precisó que la instalación brinda asistencia médica a 960 personas, distribuidas en 314 familias, entre ellas población vulnerable y residentes en lugares de difícil acceso, quienes ahora cuentan con un centro asistencial renovado y con las condiciones óptimas para la labor del equipo básico de trabajo.

La enfermera Claudia Deisy La Rosa Suárez destacó que la reapertura del centro constituye un alivio para las familias de Hatillo.

“Ahora contamos con un espacio digno para atender a nuestros pacientes, con mejores condiciones para el trabajo diario y la posibilidad de ofrecer un servicio más humano y cercano”.

“La comunidad nos ha acompañado en todo momento y eso nos compromete aún más”, afirmó.

Maritza Rodríguez, residente en la localidad, expresó que la recuperación del consultorio ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de todos.

“Cada cual puso su granito de arena y hoy vemos el resultado: un lugar mejor para atendernos y sentirnos más seguros”, afirmó.

Villa Clara cuenta con más de 802 consultorios médicos de la familia distribuidos en las comunidades que garantizan la atención primaria de salud , respaldados por 37 policlínicos y 61 Grupos Básicos de Trabajo, lo que asegura una cobertura superior al 95 % en la atención primaria de salud en la provincia.

Fuente: ACN

La reciente Resolución 247 de 2025 del Ministerio de Salud Pública marca un punto de inflexión en la organización de los servicios de cuidados destinados a personas adultas mayores y en situación de discapacidad en Cuba. No se trata de una disposición aislada, sino del desarrollo de un mandato del Consejo de Ministros que encarga definir cómo deben funcionar estos servicios cuando son prestados por actores económicos no estatales.

El enfoque es claro desde su base. No es solo habilitar servicios, sino establecerun sistema de funcionamiento y control que asegure dignidad, inclusión social, protección sanitaria y supervisión estatal efectiva. La norma reconoce la participación de nuevos actores, pero dentro de un marco público regulado, donde el sistema de salud mantiene el rol rector en la garantía de derechos.

Autorización previa, control sanitario y formación obligatoria

Uno de los elementos centrales de la disposición es que ningún servicio puede operar sin autorización previa. Los directores generales de salud municipales tienen la responsabilidad de emitir un aval en un plazo de cinco días, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Este mecanismo convierte el acceso a la actividad en un proceso regulado desde el inicio, no en una simple inscripción administrativa.

Se exige además licencia sanitaria y certificación de formación en escuelas de cuidadores, tanto para titulares como para el personal que trabaja en las instalaciones. Este punto refuerza una idea clave. El cuidado de personas vulnerables requiere preparación técnica y ética, no solo voluntad individual.

Las escuelas de cuidadores, en este contexto, adquieren un papel estructural. Su planificación, funcionamiento y desarrollo corresponde a las direcciones municipales de salud, que incluso pueden organizar cursos y regular su implementación en la comunidad.

Infraestructura que protege la vida cotidiana y no deja espacio al hacinamiento

La norma dedica un amplio espacio a las condiciones materiales de los centros, entendiendo que el entorno físico es parte esencial del cuidado. Se exige que las instalaciones cuenten con buen estado constructivo, ausencia de barreras arquitectónicas, servicios básicos garantizados y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación. También se establece la necesidad de un entorno saludable que no represente riesgos para la salud de los beneficiarios.

La accesibilidad es un eje transversal. Los espacios deben permitir movilidad segura, uso de ayudas técnicas y circulación adecuada de personas con limitaciones físicas. Se incorporan además requisitos concretos que elevan el estándar técnico del servicio. Distancia mínima entre camas para evitar hacinamiento, baños adaptados con condiciones específicas para personas con discapacidad, puertas amplias que faciliten el acceso de sillas de ruedas y disponibilidad de agua caliente.

El sistema incluye también equipamiento básico completo, desde mobiliario hasta artículos de higiene personal, así como condiciones para la recreación mediante medios audiovisuales y juegos de mesa. Incluso se contempla la necesidad de sistemas alternativos de energía eléctrica, lo cual apunta a garantizar continuidad del servicio ante posibles interrupciones.

Tres modalidades de atención y principios que no admiten excepciones

La resolución organiza los servicios en tres modalidades. Cuidados diurnos, permanentes y combinados. Los primeros funcionan en jornada diurna sin pernoctar. Los segundos garantizan atención las veinticuatro horas del día. Los combinados permiten integrar ambas modalidades según las necesidades de la persona beneficiaria.

Más allá de la estructura organizativa, la norma establece principios obligatorios que rigen cualquier modalidad. Se fija una capacidad máxima de sesenta personas por instalación, lo cual busca evitar la masificación y favorecer una atención más personalizada. Se establece el respeto a la dignidad humana, la autodeterminación y la participación activa de los beneficiarios en actividades recreativas, culturales y deportivas según sus capacidades.

Se prohíbe de manera explícita cualquier forma de discriminación, violencia o maltrato, y se prevé la pérdida de la autorización en caso de incumplimiento. También se reconocen derechos laborales de los cuidadores, incluyendo descanso, vacaciones y garantías establecidas en la legislación vigente.

Un elemento relevante es la obligación de reservar al menos un diez por ciento de las capacidades para personas en situación de interés social, lo que introduce un componente de equidad dentro de un sistema donde participan actores no estatales.

Salud pública como eje integrador del sistema de cuidados

Uno de los pilares más sólidos de la disposición es la integración de los servicios de cuidado al sistema nacional de salud. Las residencias se consideran comunidades cerradas dentro del área de salud correspondiente, lo que permite un seguimiento médico sistemático.

El ingreso de cada persona requiere evaluación previa mediante historia clínica y valoración de su estado de salud. No se admite la incorporación de personas con enfermedades infectocontagiosas sin control o con necesidad de atención hospitalaria inmediata.

El seguimiento médico incluye evaluaciones mensuales, controles especializados periódicos y atención anual según programas nacionales de salud. Las enfermedades crónicas reciben seguimiento específico, incluso dentro de las instalaciones cuando la movilidad del paciente lo impide. Las urgencias médicas se canalizan a través del sistema nacional de emergencias, garantizando continuidad asistencial.

Un aspecto importante es la separación entre lo sanitario y lo económico. La atención médica brindada por el sistema de salud pública es gratuita y no puede ser incluida en las tarifas de los servicios de cuidado. También se incorpora la supervisión nutricional, con orientación de especialistas en dietética del sistema de salud para la elaboración de menús adecuados a las necesidades de los beneficiarios.

Responsabilidades definidas y un sistema de control continuo

La norma establece con precisión las responsabilidades de cada actor involucrado. El titular del servicio debe garantizar coordinación con familias, gestión de traslados a consultas, administración de medicamentos, respuesta ante descompensaciones de salud y aseguramiento de insumos básicos y medios de protección.

Los cuidadores tienen funciones específicas relacionadas con la administración de medicamentos, especialmente en personas con deterioro cognitivo, siempre bajo supervisión. El sistema de control recae en equipos multidisciplinarios de atención gerontológica y autoridades municipales de salud.

Las inspecciones tienen una frecuencia mensual durante el primer año y posteriormente pasan a ser trimestrales. Estas supervisiones abarcan no solo condiciones físicas, sino también cumplimiento de derechos, calidad del servicio, capacitación del personal y disponibilidad de capacidades para personas de interés social. Además, las autoridades municipales deben reportar mensualmente información sobre la apertura de servicios, capacidades instaladas y funcionamiento general del sistema.

Supervisión estricta, protección jurídica y respuesta ante situaciones críticas

La resolución establece una línea de protección clara. Cualquier acto que afecte la dignidad, seguridad, salud o autodeterminación de las personas cuidadas puede ser motivo de retiro inmediato de la autorización para operar. En estos casos, se activa un procedimiento de protección que incluye la coordinación con la familia para el retorno de la persona al hogar. Si no existe familia, el sistema de salud asume la atención a través de instituciones sociales.

El control sanitario estatal se mantiene de forma permanente mediante inspecciones que verifican condiciones higiénicas y de funcionamiento. También se regula el protocolo en caso de fallecimiento. El titular del servicio debe informar a la familia y coordinar con el sistema médico la certificación de defunción. Cuando no existen familiares, intervienen los servicios sociales del territorio para garantizar los trámites y el apoyo correspondiente.

Preparación continua, emergencias y articulación institucional

La formación de cuidadores se refuerza como componente estructural del sistema. Las escuelas de cuidadores son responsables de garantizar capacitación sistemática y sostenida, vinculada al desarrollo de los servicios en la comunidad.

La norma también prevé escenarios de emergencia epidemiológica o situaciones extraordinarias. En estos casos, los centros deben cumplir las indicaciones del Consejo de Defensa del territorio, integrándose al sistema nacional de respuesta ante crisis. Este elemento refuerza la articulación entre el sistema de cuidados y la estructura de gestión de riesgos del país.

Un modelo que busca equilibrio entre apertura, control y justicia social

La Resolución 247 de 2025 intenta construir un modelo complejo pero coherente. Permite la participación de actores no estatales en la prestación de servicios de cuidado, pero dentro de un sistema fuertemente regulado, supervisado y articulado con el sistema público de salud. El diseño combina estándares técnicos, exigencias éticas, control institucional y mecanismos de equidad social, como la reserva de capacidades para personas en situación de interés social.

El reto principal no está en la arquitectura normativa, sino en su implementación cotidiana. En lograr que cada requisito se traduzca en condiciones reales de vida digna para quienes requieren cuidados y en su capacidad para proteger lo esencial: la vida, la salud y la dignidad de las personas en el momento en que más lo necesitan.