Sep
24
En una declaración publicada en sus redes sociales, los trabajadores del centro y sus activistas indican que rechazan «cualquier intento de deslegitimar dicho proceso, a través de tergiversaciones de su contenido o cualquier tipo de manipulación mediática»
Trabajadores y trabajadoras del Centro Nacional de Educación Sexual, así como quienes integran su red de activistas en todo el país, publicaron una declaración en la que manifiestan su apoyo al SÍ para la votación en el referendo sobre el Código de las Familias y rechazan «cualquier intento de deslegitimar dicho proceso, a través de tergiversaciones de su contenido o cualquier tipo de manipulación mediática».
Sobre las bases legales del documento, explican que tiene como antecedente legislativo la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975, y responde al mandato constitucional establecido en la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución de la República de 2019.
«Refleja, por tanto, el espíritu de la misma y da cumplimiento a los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico», argumentan.
Agregan que el nuevo Código de las Familias «afianza el sentido y búsqueda de realización personal y familiar, y responde a los paradigmas constitucionales de igualdad y no discriminación, dignidad y respeto a la diversidad», y «reconoce y protege jurídicamente la pluralidad de modelos familiares existentes en la sociedad cubana actual, situando el afecto en lo más alto de los valores familiares».
También «reconoce el derecho de todas las personas a formar una familia y a organizarla según lo decidan» y «viene a saldar una deuda histórica, con la igualdad, con el derecho de todas las personas al matrimonio, las uniones de hecho afectivas, la adopción y el uso de las técnicas de reproducción humana asistida».
El Cenesex refleja que, entre otros elementos importantes, este proyecto que irá a votación «trata intencionadamente la violencia en el espacio familiar, en correspondencia con el derecho constitucional a una vida libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, estableciendo consecuencias legales para ello».
Asimismo, «reconoce expresamente el derecho al cuidado y la protección legal con que deben contar quienes lo llevan a cabo, los derechos de las personas adultas mayores y las que se encuentran en situación de discapacidad».
También muestra el compromiso del Estado cubano en la protección de las infancias y adolescencias, refuerza la función educativa del Derecho y de la normativa en sí, garantizándolo desde el lenguaje; y no limita derechos a nadie ni pretende imponer modelos familiares, sino responder a las problemáticas de las familias cubanas presentes y futuras.